Chile ha tomado una posición firme para salvaguardar la salud pública y la calidad del aire. Una nueva denuncia legal se ha iniciado contra empresas que retiran ilegalmente los filtros de partículas diésel (DPF). Esta práctica, considerada un «servicio antisocial», transforma los vehículos en «hipercontaminantes», ya que un vehículo diésel sin DPF puede contaminar tanto como 100 automóviles a gasolina, liberando material particulado fino que causa graves enfermedades respiratorias y cáncer. Esta acción legal se fundamenta en la violación del derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
El problema se agrava debido a que el método actual de inspección basado en la opacidad es ineficaz para detectar DPFs manipulados o ausentes. Estas pruebas solo verifican el humo visible y no la concentración real de partículas dañinas, permitiendo que un porcentaje reducido de vehículos sea responsable de una cantidad desproporcionada de la contaminación por partículas.
Para abordar esta crítica situación, el gobierno chileno implementará una nueva y estricta norma de medición de número de partículas (PN) para los vehículos diésel durante sus Revisiones Técnicas Periódicas (PRT). Esta nueva regulación establecerá un límite de 250.000 partículas/cm³ y se espera que entre en vigencia a nivel nacional, incluyendo plantas de revisión técnica y controles en vía pública, 12 meses después de su publicación oficial.
Esta combinación de acciones legales decisivas y una tecnología de medición avanzada es fundamental. Permitirá detectar eficazmente los DPF defectuosos o manipulados en todos los vehículos diésel, incluyendo modelos Euro 5, Euro 6, autobuses y camiones de carga pesada. El resultado esperado es una mejora significativa en la calidad del aire, una mayor protección de la salud pública y un sistema de transporte más limpio y sostenible en Chile.
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